“La justicia fue lo que me sanó un poco de tantas heridas”, reflexionó Manuel Gonçalves, secretario de Abuelas de Plaza de Mayo e integrante de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), tras relatar su historia y la de su familia en el juicio "Saint Amant IV", en el que se investigan delitos cometidos contra 59 víctimas por el terrorismo de Estado en la jurisdicción del Área Militar 132, que abarcaba gran parte del noroeste de la provincia de Buenos Aires.

Querellante en tramos previos del juicio, testigo en el actual, Manuel contó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario –formado por Román Lanzón, Eduardo Rodriguez Da Crus y Elena Beatriz Dilario–, su reencuentro con la verdad: “A los 20 años me enteré que mi mamá era Ana María del Carmen Granada y mi papá Gastón Roberto José Gonçalves, y que mi papá había sido secuestrado el 24 de marzo de 1976 y desde ese momento estaba desaparecido, y que mi mamá, en esa situación –ambos vivían en la ciudad de Buenos Aires–, pudo pasar por la casa de mi abuela Matilde Pérez, su suegra, para avisarle que no tenía noticias de Gastón y que por un tiempo no iba a tener contacto, porque también se sentía perseguida, y aunque trató de tranquilizar a mi abuela, no pudo. Minutos después de que mi mamá se fue, le rompieron la puerta del departamento a mi abuela, un grupo de hombres, que entraron a buscar a mi mamá, se llevaron a mi abuela, la encapucharon, la pusieron en un auto, la bajaron y la metieron en una sala, en un lugar que ella desconocía, la ataron a una silla en el centro de esa sala, y la torturaron un día entero”.

“Tras un día completo en ese lugar le dicen ‘señora váyase’, y mi abuela les planteó que no sabía dónde estaba, ella no tenía siquiera plata para viajar, ‘salga señora, salga’, le dijeron, y cuando salió se dio cuenta que estaba en la comisaría de su barrio, así que volvió caminando a su casa, y así, mi abuela, mi familia biológica, entendieron que había llegado la dictadura. Mi mamá ya no pudo tener contacto con su familia, mi papá ya estaba desaparecido. Mi papá tenía 26 años, mi mamá 23 y estaba embarazada de cinco meses, de mí. Ella anduvo por varios lugares en Buenos Aires y en la zona norte del Gran Buenos Aires, ocultándose de la persecución, porque habían ido a la casa de mi otra abuela, iban siguiéndole los pasos. Transitó esos meses así, perseguida y con su compañero desaparecido. Cuando me dio a luz, tampoco lo pudo hacer rodeada de su familia ni en las mejores condiciones. No sé dónde nací, pero sí sé que después de mi nacimiento llegamos a una casa en San Nicolás, en la calle Juan B. Justo 676, que estaba habitada por el matrimonio Amestoy-Fetolini, que eran oriundos de Nogoyá, Entre Ríos, y que también estaban siendo perseguidos por la dictadura. Convivimos varios meses con esta familia, que eran esta pareja y sus dos niños, Fernando, de 3 años, y María Eugenia, de 5, hasta que el 19 de noviembre de 1976, fuerzas conjuntas del Ejército, la Policía Federal, la Bonaerense, la Policía de San Fe, 40 hombres, rodearon la casa a las 6 de la mañana y literalmente la destruyeron, volando puertas y ventanas, con disparos de ametralladoras, y lanzando gases lacrimógenos adentro de la vivienda, lo que provocó la muerte de Fernando, el nene de 3 años, que estaba en el baño de la casa con su hermanita, y al ingresar a la casa asesinaron al matrimonio Amestoy-Fetolini y a mi mamá, que según la autopsia realizada por las propias autoridades del momento, tenía 14 disparos de ametralladora”.

“Mi mamá y yo estábamos en la habitación que daba al frente de la casa, donde había un placard, y a mí me sacan de ese placard, yo tenía 5 meses, y estar adentro de ese placard fue determinante para que pueda ser, lamentablemente, el único sobreviviente de ese operativo. De la casa sólo salimos con vida María Eugenia y yo, todos fuimos llevados al Hospital San Felipe, que está a pocas cuadras, en el centro de la ciudad, pero María Eugenia sólo pudo sobrevivir un rato, hasta que falleció por la inhalación de gases. Me ubicaron en una sala de maternidad, con custodia policial las 24 horas, aislado del resto de los niños, y así estuve durante cuatro meses, hasta que el Juzgado de Menores de San Nicolás, a cargo del juez Juan Carlos Marchetti, me entregó en adopción a una familia que tenía un vínculo de parentesco con el juez. Me fui con esa familia, al sur del Gran Buenos Aires, y viví durante 20 años sin saber nada de esto que acabo de relatar”.

“A mediados de 1995, me encontraron, por una investigación que habían iniciado las Abuelas de Plaza de Mayo, que incluso habían pasado por San Nicolás y allí les habían negado la información de que haya habido algún bebé, algún posible nieto o nieta de los que ellas buscaban. Esta investigación fue tomada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), porque mis abuelas, a partir de 1984, cuando se crea el EAAF, como muchos familiares de desaparecidos, llevaron al Equipo los datos pre mortem de los desaparecidos, que eran muy importantes, porque podían posibilitar la identificación de los restos que iban apareciendo en base a alguna condición física, y esa información también incluía la del bebé de esa familia, que en este caso era yo. Así, encontraron este caso de San Nicolás, referenciado como un operativo de fuerzas conjuntas en el que había sobrevivido un bebé, e hilando la información aportada por decenas de personas, las pistas las fueron llevando hacia donde estaba ese único sobreviviente. Llegaron a la casa de Juan B. Justo, hablaron con los vecinos, supieron que el bebé había sido trasladado al hospital, en el hospital en principio les dijeron que no había ningún registro, fueron al Juzgado de Menores, donde tampoco les dieron información, pero accedieron al expediente de adopción y supieron que ese bebé se llamaba Claudio Noboa y que vivía en el sur del Gran Buenos Aires. Tras haberme encontrado, me hicieron los exámenes en el Banco Nacional de Datos Genéticos que determinaron que soy hijo de Ana Granada y Gastón Gonçalves, y así es como empiezo a restituir mi verdadera identidad”.

En su testimonio, Manuel recordó que Matilde, su abuela materna, pudo reconocer a Ramón Camps entre sus captores, y que Ana María, su mamá, fue enterrada en el Cementerio de San Nicolás como NN. En cuanto a su papá, Gastón, pudo saber que “estuvo secuestrado en la comisaría de Escobar, hasta el 2 de abril, en esa fecha se produce un traslado del grupo, pero en un momento el camión se detiene al costado del Río Luján, bajan a algunas personas, las fusilan y las incineran. Son los bomberos de Escobar quienes luego levantan esos cuerpos, y son trasladados a una fosa sin identificar en el Cementerio de Escobar –puntualizó Manuel–. El hallazgo de estos restos se dio un año después de que me encontraran a mí. El EAAF encontró cuatro cuerpos, y uno de ellos era mi papá. El intendente de Escobar, por entonces, que no quería que se exhumaran los cuerpos, era Luis Abelardo Patti, que posteriormente, en 2011, fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de mi papá y otras personas”.

Antes de culminar su declaración, Manuel agradeció al tribunal la posibilidad de ser escuchado. “Me tocó empezar a reconstruir mi historia en un país donde había impunidad, donde veía en la televisión al asesino de mi papá, presentado como un policía modelo, algo que era muy doloroso. Así como Patti, otros personajes gozaban de esa impunidad. Patti usó a la democracia para perpetuarse en cargos públicos y quiso ampararse en sus fueros como diputado para no ser condenado. Pero la Justicia hizo lo que tenía que hacer, y el Congreso también, le quitó los fueros, y Patti fue condenado por la justicia ordinaria. Estoy orgulloso de lo que hemos construido entre los sobrevivientes, los familiares, la sociedad y la justicia, que atendió y escuchó por primera vez a personas a las que nadie había escuchado. Agradezco que sigamos teniendo la posibilidad de contar lo que nos pasó. Estos procesos de justicia son necesarios para la democracia, sobre todo en estos momentos en que se amplifican los discursos negacionistas. Hay quienes se preocupan por visitar a los condenados por delitos de lesa humanidad, y nadie va a visitar a las Madres, a las Abuelas, que se van muriendo sin saber dónde están sus familiares, porque esos señores no dicen dónde están, y las 300 personas, hombres y mujeres, que todavía buscamos, no los podemos encontrar porque quienes se los robaron no dicen dónde están”.

Los imputados en el juicio son 11 en total: los exintegrantes del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás Antonio Federico Bossie (excapitán, prestó funciones de oficial de Operaciones y oficial de Inteligencia), Guillermo Aníbal Piccione (excapitán, cumplió las funiciones de oficial de Logística y de Personal) y Bernardo Luis Landa (exteniente primero, se desempeñó como oficial de Logística); el exintegrante del Destacamento de Inteligencia 101 de San Nicolás Omar Andrada (exteniente coronel, fue jefe del organismo); los excabos de la delegación San Nicolás de la Policía Federal Hubo Bellet, Adrián Domingo Meisner y Gregorio Florentino Mancilla; y los exoficiales de la delegación San Nicolás de la Dirección General de Inteligencia de la Policía bonaerense Enabel Otilio Cappa, Miguel Ángel Amarillo, Oscar Alberto Parodi y Raúl Calabresi.