Al enterarse del secuestro, María del Carmen Villamayor, hermana de Juan Carlos, y su madre, Carmen Antonia Morinigo, emprendieron el recorrido que debieron atravesar cientos de familiares de desaparecidos: hábeas corpus, tribunales, cárceles, sin éxito. En septiembre de 1979, Carmen logró denunciar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que estaba de visita en el país para recoger información sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura. En la ampliación de esa denuncia, Carmen, de puño y letra, escribió: “Mi nuera Marta Enriqueta Pourtalé estaba embarazada de ocho meses y medio, por lo cual queremos saber, como imaginará, qué fue del bebé”.

Por la rama materna, el tío Pedro Pourtalé fue quien recibió un llamado de la Comisaría de Villa Ballester para buscar a un menor de cuatro años. Diego, su sobrino, había sido dejado allí, pero le negaron información sobre su hermana y su cuñado. Pedro, junto a su mamá, Rosa, crió al niño y, más tarde, denunció el caso de Marta y Juan Carlos ante la CONADEP. Diego supo que esperaba un hermanito desde los primeros días. Cuando su mamá y Juan Carlos le contaron, hizo un dibujo de la familia incluyendo al bebé.

Mientras tanto, las Abuelas, en 1988, habían presentado una denuncia que hablaba de un niño que podría ser hijo de desaparecidos. Desde 1999 la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) trabajó en la investigación del grupo familiar Villamayor-Pourtalé para que, a partir de esa reconstrucción, el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) fuera ingresando las muestras biológicas de la familia. Años después, tras la incorporación de datos relevantes a la causa, fruto de la investigación de los estamentos del Estado correspondientes, un hombre fue convocado a realizarse el estudio de ADN y posteriormente fue informado de los resultados. Era el hijo de Marta y Juan Carlos.