Desde Abuelas de Plaza de Mayo denunciamos el ahogo presupuestario al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y su consecuente peligro de parálisis, si el Gobierno nacional no otorga la ampliación del crédito presupuestario, necesaria para continuar con su normal funcionamiento. Se trata de un organismo clave para la identificación de los nietos y nietas apropiados durante la última dictadura y una herramienta fundamental para la protección del derecho a la identidad.

Como trascendió en los medios, la directora del BNDG, Mariana Herrera Piñero, informó a la justicia que el “organismo enfrenta una situación crítica de operatividad, derivada exclusivamente de la insuficiencia de crédito presupuestario, que compromete la continuidad de servicios esenciales (limpieza, vigilancia, mantenimiento de edificio, entre otros) próximos a su vencimiento”. Y advierte que la eventual interrupción de esos servicios impactaría, por ejemplo, “en el cumplimiento en tiempo y forma a las mandas judiciales vigentes; en la suspensión o demora en la producción de pericias genéticas; la alteración de condiciones técnicas indispensables para la validez de los procesos periciales, y que correría riesgo la adecuada preservación de muestras biológicas que constituyen prueba judicial”, pruebas que han llevado más de 40 años de reconstrucción, a partir de perfiles genéticos de familiares que ya no están y que resultan centrales para la resolución de delitos de lesa humanidad.

El desfinanciamiento del BNDG podría generar un daño irreversible para la restitución de los nietos y nietas apropiados en dictadura, pero también para las nuevas búsquedas que se han ido incorporando a lo largo de estos años de ampliación del derecho a la identidad. El BNDG cuenta con más de 1000 perfiles genéticos de madres que buscan a sus hijas e hijos, que les fueron arrebatados en condiciones de vulnerabilidad en el período de la dictadura, además de los de hombres y mujeres que dudan de su origen y familiares que buscan a sus niños y niñas desaparecidos. Se trata de alrededor de 32.000 muestras ingresadas, mayormente relacionadas con delitos de lesa humanidad e identificación de personas desaparecidas. Por eso, lo venimos advirtiendo, una falla en su cadena de seguridad generaría un daño irreversible.

Es responsabilidad del Estado argentino cumplir las obligaciones de investigar, juzgar y sancionar adecuadamente a los autores de graves violaciones a los derechos humanos. En el caso de las desapariciones forzadas, de hacer cesar el delito mediante la identificación de las víctimas, y en este sentido el BNDG es una herramienta sustancial.

El Banco es un organismo reconocido a nivel mundial, cuya Ley ha sido modelo para la creación de otros Bancos similares en el mundo. Se trata de una institución modelo en la identificación de personas desaparecidas y está siendo atacado desde la asunción del gobierno de la Libertad Avanza. Primero con la Ley Bases que logramos revertir en el Congreso de la Nación para evitar que -junto a otros organismos autónomos y autárquicos- fuera modificado o disuelto; luego con el Decreto N° 351/2025, que intentaba su intervención de hecho. Nuevamente logramos revertir el ataque y se ordenó al Poder Ejecutivo restituir la plena vigencia de las disposiciones normativas derogadas, sustituidas o modificadas, algo que aún no ha ocurrido en su totalidad. Salvadas estas medidas, hoy pareciera que se busca su parálisis con el ahogo presupuestario.

El Banco enfrenta una situación crítica de operatividad que pone en riesgo los estándares de conservación de restos y archivos biológicos. Cualquier interrupción en las condiciones de conservación, refrigeración, climatización, bioseguridad o monitoreo ambiental constituye un riesgo para la preservación de esta evidencia genética. A lo largo de estos años, además de los 140 casos de niños desaparecidos resueltos, el organismo pudo reunir hermanos y muchas madres que buscaban a sus hijos, que no se vinculan con el terrorismo de Estado.

Instrumentos como el Banco forman parte de las medidas adoptadas por el Estado argentino para el cumplimento de los compromisos internacionales asumidos en materia de Derechos Humanos, parte integral de nuestra Constitución Nacional. Así lo establecen el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su incumplimiento puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino.

Frente a esta situación, solicitamos al Poder Judicial que intime al Gobierno nacional a garantizar de manera urgente el normal funcionamiento del BNDG. También reclamamos a ambas Cámaras del Poder Legislativo que asuman un rol activo e inmediato en defensa de este organismo fundamental y que se comprometan con medidas concretas.

La parálisis del BNDG afectaría, además de su propia labor, la de otros organismos del Estado que también deben garantizar la búsqueda de los bebés robados en dictadura y la defensa del derecho a la identidad, como la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) y la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE).

Por eso, ante el riesgo de parálisis de uno de los engranajes fundamentales para la búsqueda de los desaparecidos vivos, reiteramos nuestro pedido al Poder Judicial y Legislativo para que exija al Gobierno nacional que garantice los recursos necesarios y cumpla con sus obligaciones legales, constitucionales e internacionales.

Nunca bajaremos los brazos. Aún nos falta encontrar a 300 nietos y nietas. Los seguiremos buscando y reclamando al Estado que sostenga las políticas públicas que nos permitirán encontrarlos.