“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo”, dijo la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina. Lo hizo en Casa por la Identidad de Abuelas en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), puesto que la modalidad de la audiencia fue híbrida.

“Vuelvo hoy, ya con 94 años, a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia”, agregó.

“Nunca, en estos 47 años de lucha, hemos bajado los brazos. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy pueden ser padres y madres. Por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”.

“En esta búsqueda colectiva hemos encontrado 137 nietos, y para ello ha sido esencial el rol del Estado. No claudicaremos, sabemos que necesitamos a todos y a todas para garantizar el Nunca más”.

A su turno, Paula Litvachky, en representación del CELS, afirmó: “Como dijo Estela, atravesamos un momento de ruptura, que amenaza décadas de compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia”.

Litvachky se refirió al desfinanciamiento, cierre de líneas de trabajo, despidos, vaciamiento de instituciones, e incluso la puesta en venta de sitios de memoria. “Nos enfrentamos a un programa que busca transformar el balance social condenatorio sobre la dictadura y habilitar una mayor violencia estatal en el presente”, subrayó.

“El rechazo al autoritarismo y la defensa de la vida están en las bases de nuestra comunidad política desde la post-dictadura y eso es lo que expresamos cuando decimos ‘Nunca Más´ –sostuvo–. Y cuando se ataca este núcleo, lo que se pretende es la demolición de esos valores y conquistas que funcionaron como una referencia para la región y el mundo”.

“Pero esta vez los ataques del gobierno van más allá: van contra la cultura de los derechos humanos. Estamos frente a un intento de destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición”.

Acto seguido, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S. Capital, detalló el vaciamiento concreto de las políticas de memoria y señaló: “Desde que se reiniciaron los juicios de lesa humanidad, distintos grupos han presionado para obstaculizarlos y conseguir la impunidad de los responsables. Hoy encuentran apoyo en acciones del gobierno iniciado el 10 de diciembre de 2023 y de legisladores oficialistas que buscan vaciar y clausurar el proceso histórico de justicia”.

Mientras tanto, en Washington, la nieta restituida Claudia Poblete, integrante de la Comisión Directiva de Abuelas, remarcó: “Estamos aquí para defender las herramientas construidas por la lucha de las Abuelas y la búsqueda que constituye una política pública. Con el inmenso esfuerzo realizado y el indispensable trabajo articulado de la sociedad civil y los poderes del Estado, hemos resuelto 137 de los casi 500 casos. También se ha logrado la restitución de la identidad de 2000 personas no relacionadas con la dictadura en Argentina. La búsqueda continúa”.

A su lado, la abogada de nuestra Asociación, Carolina Villella, puntualizó todos los ataques a la búsqueda de los nietos desde el actual Gobierno nacional.

“Hoy los pilares de nuestra búsqueda se encuentran en jaque. Nos preocupa la destrucción de las herramientas del Estado”, aseveró.

“La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) creada para garantizar la búsqueda de los niños desaparecidos y el derecho a la Identidad enfrenta grandes obstáculos”.

“El acceso a documentación es restringido por los Ministerios de Defensa y Seguridad de la Nación. Se cerró su Unidad Especial para las investigaciones de los casos vinculados al terrorismo de Estado que hace 20 años trabajaba artículadamente con el Poder Judicial y Ministerio Público. Como en el resto del Estado, los trabajadores sufren la precarización laboral y se les ofrecen retiros con cláusulas viles bajo amenaza de despido. La CoNaDI podría ver reducida su planta en un 67%”.

“Esto afecta también el desarrollo de las investigaciones que realizan el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal: recibirían 6000 casos, desbordando su capacidad y demorando su conclusión”.

“El Banco Nacional de Datos Genéticos, que realiza los análisis genéticos para identificar a los nietos, tendrá para 2025 un presupuesto insuficiente, lo que impide la previsibilidad de su trabajo las Abuelas, que históricamente han recibido a quienes dudan de su identidad, están siendo atacadas. Estela y la Institución han sido víctimas de campañas de desprestigio y discursos de odio este año, sumado al desfinanciamiento total por parte del Estado Nacional”.

“Así, se dificulta el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad, perpetuando desapariciones forzadas y garantizando la impunidad de los responsables”.

Sobre el cierre de las intervenciones de la sociedad civil, Verónica Torras, de Memoria Abierta, hizo alusión a la situación de los espacios de memoria. “Existen hoy cuarenta espacios de memoria en el país, ocho de los cuales dependen de la Secretaría de Derechos Humanos. Su funcionamiento ha sido afectado por diferentes decisiones del gobierno nacional: el despido masivo de trabajadores, el desfinanciamiento y la interrupción de todas las obras de infraestructura proyectadas”.

“Mientras avanza el desmantelamiento y en franca contravención con la ley, el gobierno habilitó la venta de terrenos donde funcionaron ex centros clandestinos de detención”.

Y denunció el permanente hostigamiento del Gobierno: “Primero se estigmatiza a quienes representan la base social de una política para luego proceder a su cancelación. Mientras esto ocurre, funcionarios o representantes del partido de gobierno recurren de modo reiterado en sus intervenciones públicas a argumentos típicos del repertorio negacionista, relativista o apologético en relación con la última dictadura”.

Y por último, entre los representantes de la sociedad civil argentina, fue el turno del escritor y docente universitario Martín Kohan. “No se renuncia a la búsqueda de la verdad, ni aun cuando se la alcanza, ni se renuncia al afán de justicia, ni aun cuando se la obtiene –afirmó–. Pretender que una memoria se cierre, o pretender –es similar- que se complete, no supone sino la intención de sofocarla, de detenerla, de acallarla: que se acabe. Pretender dejarla atrás, es negarla como memoria”.

“Si este vaciamiento se instrumenta a través de una política de Estado, como está ocurriendo de hecho, no puede sino implicar una amenaza concreta a la verdad y una amenaza concreta a la justicia”.

“Y hay verdades que están pendientes, como hay justicias que están pendientes. Pero incluso las que alcanzamos, a lo largo de los años, precisan ser protegidas del embate que hoy las acecha”, concluyó.

El secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, negó todo y centró su intervención en números, cifras y porcentajes que no reflejan la realidad del vaciamiento y el desfinanciamiento de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia, el despido de trabajadores, el cierre de programas. “Seguimos respetando la memoria, pero el Gobierno también está respetando la memoria de quienes hayan sido víctimas de terroristas. Las demandas de los peticionantes carecen de argumentos”, expresó cínicamente.

El experto de ONU en la audiencia afirmó: “La oficina que represento comparte las preocupaciones de las víctimas. Desde la recuperación de la democracia, Argentina ha hecho un gran esfuerzo para enfrentarse al legado de la dictadura: los juicios, el trabajo de Abuelas y Madres, los sitios de memoria”.

Además, manifestó su preocupación por la derogación del decreto que creó la Unidad Especializada de Investigación de la CoNaDI y por la preservación de los sitios de memoria: “Preocupa también la banalización de las autoridades, es revictimizante, y afecta el derecho a la memoria en su conjunto”.

Otro de los comisionados de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón, subrayó que “las políticas de Memoria, Verdad y Justicia son esenciales y tienen impacto en múltiples dimensiones. Una de ellas es el fortalecimiento del estado de derecho, otra la reparación integral de las víctimas”, y formuló varios interrogantes a la delegación del gobierno de Milei relacionadas con el acceso a los archivos sobre delitos de lesa humanidad, cuál es el futuro de los espacios de memoria, la protección de testigos, la UEI, la preservación, desclasificación y acceso a archivos de inteligencia.

Arif Bulkan, comisionado de la OEA ante la CIDH, resaltó el coraje cívico de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. “Son un ejemplo y una inspiración”, destacó, y relativizó la mentada crisis económica argentina que exigiría, según los representantes del Gobierno de Milei, recortar todas las políticas de reparación, ya que muchos países, dijo, tras la pandemia, se han visto en dificultades, lo cual no justifica desfinanciarlas o suprimirlas.

Luego añadió: “Me llamó la atención la discordia, se habló de venganza, pero esto tiene que ver con la sanación y la justicia. La lucha de las Abuelas es para buscar justicia y reparar los daños”. Y se preguntó hasta qué grado la sociedad puede determinar la dirección, el rumbo y las prioridades de las políticas públicas.

Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, expresó: “Gracias a Argentina el sistema interamericano ha avanzado de un modo muy importante. Me preocupan las narrativas que escuché aquí referidas a ‘organismos militantes’, ‘terroristas’… Argentina nos ha dado muestras a la región de cómo buscar y cómo reparar, ojalá estas muestras no se deconstruyan, porque han sido pioneras”. Y remarcó la obligación de “escuchar a la sociedad civil” cuando se trata de políticas públicas.

Cerca de la finalización de la audiencia, la nieta Claudia Poblete dijo: “Escuchar que se nos acusa a los organismos de derechos humanos de buscar venganza nos retrotrae a los tiempos en que yo estuve apropiada. Es el discurso de los perpetradores, es el discurso con que me criaron a mí para evitar que pudiera buscar mi propia identidad”.

Y Estela, desde Buenos Aires, rodeada de representantes de la sociedad civil, volvió a “agradecer a la CIDH por esta audiencia tan urgente y necesaria para nuestro pueblo”.