Abuelas, junto a HIJOS Capital, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organizó la charla abierta “El valor de los compromisos internacionales frente a las desapariciones forzadas. El camino de los organismos de Derechos Humanos en el exterior y los desafíos actuales”.

El encuentro, en la Casa por la Identidad de Abuelas, en el Espacio Memoria (exESMA), contó con la presencia de experta Ana Lorena Delgadillo Pérez, integrante del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU; Carolina Villella, coordinadora del equipo jurídico de nuestra Asociación; Anabella Montaner, de HIJOS Capital, y Diego Morales, director de Litigios del CELS.

Como moderador ofició Luciano Hazan, ex miembro del Comité contra la Desaparición Forzada y del Grupo de Trabajo (GT), quien destacó que la conmoración del 30 de agosto como Día Internacional del Detenido-Desaparecido fue a propuesta de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), en 1981. “Fue la semilla de lo que hoy es la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, seguramente la más importante que tenemos a nivel internacional”, subrayó.

Delgadillo Pérez, por zoom desde México, envió de parte del GT un “saludo lleno de solidaridad, respeto y profunda admiración a todas las víctimas y familias de personas desaparecidas, en especial a las Madres, las Abuelas, las hermanas, todas las mujeres que han encabezado en la región una búsqueda impresionante”.

“Son las que abrieron el camino de búsqueda de la verdad y la justicia –remarcó–. Es imposible que en América Latina no pensemos en ese papel que han tenido, no hay país de la región que no las tenga como referentes. El camino que abrieron ha quedado marcado en la Convención internacional, pero también en muchos otros instrumentos que son parte ahora del sistema universal y regional”.

“En el marco de varios procedimientos de las Naciones Unidas, hemos recibido una serie de alegaciones respecto de lo que está sucediendo en la Argentina. Muchas nos hablan de políticas públicas y medidas en las que está habiendo un desmantelamiento, una regresión de lo que se ha avanzado. Es muy lamentable, porque sabemos que ha costado décadas construirlo, sobre todo con el tremendo esfuerzo de las familias de las víctimas. Escuchar que Argentina, un referente para esta región y otras, en cuanto a la institucionalidad, está yendo para atrás, no es algo que afecta sólo a las víctimas de Argentina sino a la región, son crímenes que afectan a la humanidad”, agregó.

Esta regresión, según Delgadillo Pérez, es de suma preocupación en Naciones Unidas y se están “pensando las medidas que se tienen que tomar para llamar la atención”, aparte de las comunicaciones ya realizadas. Sobre el desafío para el cumplimiento de las obligaciones internacionales, llamó a “volver a lo básico, al abecé del estado de derecho, de lo que tendría que ser una democracia: un país respetuoso de la democracia es un país que es respetuoso de los derechos humanos y de las obligaciones que ha contraído internacionalmente”.

“Parte del cumplir significa que no haya ningún retroceso para la búsqueda, la investigación, la sanción de los responsables, para la búsqueda de niñas y niños desaparecidos en dictadura, pero también para preservar los sitios de memoria, los archivos y las medidas que implican que la información esté al servicio de las víctimas, de la justicia y para la preservación de la memoria de la sociedad. Esto pasa por una voluntad política, no hay manera de que los Estados puedan cumplir estas obligaciones si no se destinan recursos financieros y humanos”, puntualizó.

“Los Estados tienen que prevenir y reprimir la apropiación de niños de padres víctimas de desaparición forzada o de niños nacidos durante el cautiverio de sus madres víctimas de desaparición forzada y se tienen que esforzar para buscar y encontrar a esos niños para restituirlos a sus familias de origen –añadió–. En Argentina se han tomado medidas que han sido referencia para la región. Cualquier medida que sea regresiva a la institucionalidad establecida, a lo que las Abuelas y las organizaciones han construido, puede implicar una responsabilidad para el Estado”.

Para cerrar su presentación, Delgadillo Pérez volvió a evocar a Madres y Abuelas. “Ahora nos toca a nosotros arroparlas, acompañarlas, regresar todo lo que han hecho. Desde el GT quiero que sepan que cuentan con nosotros. Que desde nuestro mandato estaremos pendientes para que no haya ningún retroceso en esas políticas públicas que tanto trabajo, esfuerzo, dolor y tantos años ha costado llevar a cabo”.

Por su parte, Anabella Montaner, de HIJOS, detalló algunas de las problemáticas que desde los organismos se acercaron al GT como a otros mecanismos de protección: “Entre ellas, la precarización de las tareas de los trabajadores que tienen un rol importante en la investigación del paradero de las personas desaparecidas y de los 300 hombres y mujeres que hoy siguen sin su verdadera identidad. También lo que tiene que ver con la identificación de perpetradores y preservación de la prueba, como el desmantelamiento del equipo de relevamiento documental del Ministerio de Defensa que tenía un rol proactivo en la apertura de líneas de investigación para identificar circuitos represivos, perpetradores y la búsqueda de los nietos, y el de la Unidad Especial de Investigación (UEI) de CoNaDI”.

Diego Morales, del CELS, aludió al “deber de memoria”. “El desfinanciamiento de los sitios de memoria afecta el derecho a saber. Y también el impacto que tiene la eliminación de la UEI. Lo que estamos empezando a estudiar es el impacto que el conjunto de estas medidas va a tener sobre las investigaciones que Argentina tiene pendientes, como la búsqueda de niños y niñas, de cuerpos, pero también de establecer las responsabilidades de agentes de inteligencia, que han quedado sin rendir cuentas”.

A su turno, la abogada de Abuelas, Carolina Villella, evaluó el valor histórico de la cooperación internacional y el impacto del acuerdo de solución amistosa. “A lo largo de todo el camino de memoria, verdad y justicia los organismos internacionales han apuntalado estos derechos”, manifestó. “Hoy se da un cercenamiento de los recursos del Estado a la búsqueda que provoca una demora en las investigaciones que es casi irreparable y también genera una saturación en el Poder judicial”, denunció.