En el Día Internacional del Detenido-Desaparecido, Abuelas, junto a H.I.J.O.S. Capital, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y el CELS, organizó la charla abierta “El valor de los compromisos internacionales frente a las desapariciones forzadas. El camino de los organismos de Derechos Humanos en el exterior y los desafíos actuales”.

El encuentro, desarrollado en la Casa por la Identidad del Espacio Memoria ex Esma, tuvo como oradores a Ana Lorena Delgadillo Pérez, miembro del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Carolina Villella, coordinadora del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo; Anabella Montaner, de H.I.J.O.S, y Diego Morales, director de Litigios del CELS.

El moderador, Luciano Hazan, recordó que “el día del detenido desaparecido, que se conmemora todos los 30 de agosto por decisión de Naciones Unidas, tiene una historia más larga, cuando desde FEDEFAM, en 1981, se empezó a hablar de la necesidad de tener un día de las víctimas de desaparición forzada y en reclamo de un tratado de derechos humanos focalizado en las desapariciones forzadas. Es la semilla de lo que hoy es la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, seguramente la más importante que tenemos a nivel internacional”.

Ana Lorena Delgadillo Pérez, por zoom desde México, envió de parte del GT un “saludo lleno de solidaridad, respeto y profunda admiración a todas las víctimas y familias de personas desaparecidas”. “En especial, a las Madres, las Abuelas, las hermanas, todas las mujeres que han encabezado en la región una búsqueda impresionante”, dijo, y amplió: “Son las que abrieron el camino de búsqueda de la verdad y la justicia. Es imposible que en América Latina no pensemos en ese papel que han tenido, no hay país de la región que no las tenga como grandes referentes. El camino que abrieron ha quedado marcado en la Convención internacional pero también en muchos otros instrumentos que son parte ahora del sistema universal y regional”.

La especialista se refirió a la situación de retroceso en materia de derechos humanos que está viviendo el país. “Lamentablemente, en el marco de varios procedimientos de las Naciones Unidas hemos recibido una serie de alegaciones respecto de lo que está sucediendo en la Argentina. Muchas nos hablan de políticas públicas y medidas en las que está habiendo un desmantelamiento de instituciones, una regresión de lo que se ha avanzado. Es muy lamentable escuchar esto porque sabemos que es un esfuerzo que ha costado décadas en construir y que se ha construido sobre todo con el tremendo esfuerzo de las familias de las víctimas. Escuchar que Argentina, que ha sido un tremendo referente para esta región y otras regiones, en cuanto a la institucionalidad y las políticas públicas está yendo para atrás, no es algo que afecta solo a las víctimas de Argentina sino a la región, son crímenes que afectan a la humanidad.

En este sentido, también advirtió que “el tema de la regresión” preocupa muchísimo en Naciones Unidas y que se están “pensando las medidas que se tienen que tomar para llamar la atención”.

Sobre el desafío para el cumplimiento de las obligaciones internacionales, Delgadillo Pérez también llamó a “volver a lo básico, al ABC de lo que conforma un estado de derecho, de lo que tendría que ser una democracia”. “Un país que es respetuoso de la democracia es un país que es respetuoso de los derechos humanos y de las obligaciones que ha contraído internacionalmente. Volver incluso a los compromisos que se han adquirido en la convención de Viena. Conforme a esa convención los países han decidido que los acuerdos internacionales firmados son para cumplirse”, expresó y advirtió: “Pero también hay una obligación de los países que han decidido formar parte de las Naciones Unidas, de atender y guiar sus prácticas y políticas por todos los estándares y principios establecidos en esas normas, principios, observaciones de Naciones Unidas”.

La experta internacional detalló que dentro de estas obligaciones están las de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y parte de ello “implica el derecho a la verdad”. También, todo lo que tiene que ver con preservar los archivos históricos y las evidencias que tienen que ver con esos archivos. “Si no se cumple con las obligaciones establecidas internacionalmente el Estado argentino podría caer en una responsabilidad internacional. Parte del cumplir significa que no haya ningún retroceso para la búsqueda, la investigación, la sanción de los responsables, para la búsqueda de niñas y niños desaparecidos en dictadura, pero también para preservar los sitios de memoria, los archivos y las medidas que implican que la información esté al servicio de las víctimas, de la justicia y para la preservación de la memoria de la sociedad. Esto pasa por una voluntad política, no hay manera de que los estados puedan cumplir estas obligaciones si no se destinan recursos financieros y humanos para que puedan contar con todo lo que requieren”, advirtió. Delgadillo Pérez también puntualizó que hay obligaciones específicas que tienen que ver con la niñez víctima de desaparición forzada. “La declaración concretamente establece que los Estados tienen que prevenir y reprimir la apropiación de niños de padres víctimas de desaparición forzada o de niños nacidos durante el cautiverio de sus madres víctimas de desaparición forzada y que se tienen que esforzar para buscar y encontrar a esos niños para restituirlos a sus familias de origen. En Argentina se han tomado medidas claras que han sido referentes para la región, para investigar e impedir que se sigan cometiendo. Cualquier medida que se tome que sea regresiva a la institucionalidad ya establecida, a lo que las Madres y Abuelas y las organizaciones han construido con tanto esfuerzo, puede implicar una responsabilidad institucional para el Estado”.

Delgadillo Pérez manifestó que el Grupo de Trabajo, junto con otros procedimientos especiales, ya emitió algunas comunicaciones dirigidas al Estado argentino referidas a estas “medidas regresivas” que “preocupan muchísimo”.

Para cerrar su presentación, la abogada mexicana volvió a reconocer el valor de Madres y Abuelas por su aporte a otras luchas. “Ahora nos toca a nosotros arroparlas, acompañarlas, regresar todo lo que han hecho por nosotros. Desde el GT quiero que sepan que cuentan con nosotros. Que desde nuestro mandato estaremos muy pendientes para que no haya ningún retroceso en esas políticas públicas que tanto trabajo, esfuerzo, dolor y tantos años ha costado llevar a cabo”.

A su turno, los representantes de Abuelas, CELS e H.I.J.O.S. Capital detallaron al público distintas medidas que desde el Estado argentino se están ejecutando y atentan contra las políticas de derechos humanos.

“Lamentablemente estamos en un período en el que necesitamos de nuevo de algún auxilio de la comunidad internacional”, expresó Hazan, y dio la palabra a Anabella Montaner, quien contó algunas de las cuestiones que desde los organismos se acercaron al GT como a otros mecanismos de protección en materia de los retrocesos que se vienen detectando. “El desmantelamiento de políticas públicas que mencionamos se materializó de distintas maneras: la precarización de las tareas de los trabajadores del Archivo Nacional de la Memoria, los sitios de Memoria que tienen un rol importante en la investigación en el paradero de las personas desaparecidas y de los 300 hombres y mujeres que hoy siguen sin tener su verdadera identidad. También lo que tiene que ver con la identificación de perpetradores, la preservación de la propia prueba. El desmantelamiento del equipo de relevamiento documental del ministerio de Defensa que tenía un rol proactivo en la apertura de líneas de investigación para poder identificar circuitos represivos, perpetradores y en la búsqueda de los nietos. El desmantelamiento de la Unidad Especial de Investigación de Conadi”, ejemplificó.

“La desaparición forzada es un delito que se sigue cometiendo. Hasta que nosotros no sepamos qué pasó con los 30 mil desaparecidos, qué pasó con estos hombres y mujeres que todavía desconocen su identidad y sus familias siguen buscando, hasta que los perpetradores no digan toda la información que saben esos delitos se siguen cometiendo”.

Diego Morales, en igual sentido, trajo a colación el “deber de memoria”. “El desfinanciamiento de los sitios de memoria no solo afecta las capacidades de consolidar una prueba sino también el derecho a saber.  Hubo impactos en materia de reparación, con lo que una medida destacada a nivel global ha sido suspendida. Y también el impacto que tiene la eliminación de la UEI. Detrás de estas medidas lo que hay es un objetivo concreto y por eso lo que estamos empezando a estudiar es el impacto que el conjunto de estas medidas va a tener sobre las investigaciones que Argentina tiene pendientes, como la búsqueda de niños y niñas, de cuerpos, pero también de establecer las responsabilidades de agentes de inteligencia, que han quedado sin rendir cuentas”. 

Carolina Villella, coordinadora del equipo jurídico de la institución, agradeció el abrazo a las Abuelas y evaluó el valor histórico de la cooperación internacional. En este sentido, recordó “el impacto del acuerdo de solución amistosa. A lo largo de todo el camino de memoria, verdad y justicia los organismos internacionales han apuntalado estos derechos”. Y, también, refirió al “grave retroceso” actual que se traduce en políticas como el cierre de la UEI. "Se da un cercenamiento de los recursos del Estado a la búsqueda que provoca una demora en las investigaciones que es casi irreparable y también genera una saturación en el poder judicial", denunció.

Ya en el cierre del encuentro, Delgadillo Pérez advirtió que "el GT recibe información sobre lo que esté sucediendo que pueda minar la declaración de la ONU sobre desapariciones forzadas” e informó que el GT ya expresó "su grave preocupación" por distintos hechos que están sucediendo en la Argentina. "El GT también recordó las obligaciones del Estado" respecto de la labor en los sitios de memoria e hizo "un llamado fuerte para garantizar estos espacios", expresó, y concluyó: "La defensa de lo que se ha construido en la Argentina, la búsqueda de memoria y justicia nos compete a todos y todas y tiene que haber la máxima solidaridad de toda la sociedad. No nos podemos permitir que esto se olvide o vuelva a suceder".