Denunciamos una nueva embestida contra la búsqueda de nuestras nietas y nietos apropiados durante la última dictadura cívico militar, con la confirmación del decreto publicado en el Boletín Oficial que elimina la “Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado” (UEI), dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI). La práctica sistemática de robo de bebés fue probada y condenada por la justicia hace ya 12 años. Un delito que además de la sustitución de identidad de menores, implicó el secuestro, desaparición, partos en condiciones infrahumanas y asesinato de nuestras hijas y nueras.

Como advertimos hace un mes y medio –y el propio decreto reconoce–, es obligación de todos los poderes del Estado garantizar el cese del delito de apropiación. En tal sentido, exigimos al Gobierno nacional que informe cómo continuará desarrollando la tarea que lleva a cabo la Unidad, central para esclarecer este delito de lesa humanidad. El pedido de información a otras dependencias del Estado es un instrumento fundamental para la resolución de la apropiación de menores en dictadura, pero también en democracia.

Al desfinanciar, vaciar y eliminar áreas que atienden la problemática de los derechos humanos en general, y el derecho a la identidad en particular, el Estado argentino, en su conjunto, incumple normas internacionales de rango constitucional y garantiza impunidad por crímenes ocurridos, pero también por ocurrir. Es falso que la labor de la UEI se superponga con la del Poder Judicial, ya que durante todos estos años han trabajado de manera mancomunada y complementaria para dar celeridad a esta búsqueda que lleva más de 40 años. El propio Poder Judicial, lejos de ver una intromisión en su tarea, reconoce el aporte de estas herramientas, construidas como políticas públicas de la democracia. Como otros organismos del Estado, la UEI fue creada para auxiliar a la Justicia, con el objeto de hacer más eficaz y ágil su trabajo, tal cual sucede con la Oficina Anticorrupción y la CONADEP, sendas dependencias del Poder Ejecutivo con atribuciones de investigación, que no reemplazan ni ejercen funciones judiciales.

La decisión del Gobierno de eliminar la UEI obstaculiza la búsqueda de nuestros nietos y nietas y favorece la impunidad. No podemos dejar de ver esta medida como parte de un plan, que incluye la visita de los diputados de LLA a los represores condenados por delitos de lesa humanidad, entre muchas otras medidas que atacan derechos de la ciudadanía. 

Pedimos a las autoridades correspondientes que concreten la reunión del Consejo asesor de la CoNaDI, cuyos miembros -entre ellos representantes del Ministerio Público Fiscal y la Defensoría General de la Nación- vienen solicitando desde que trascendió el proyecto de decreto. El Gobierno debe informar cómo garantizará la búsqueda de los 300 nietos y nietas que falta encontrar y con ello, el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado argentino.