Desde Abuelas de Plaza de Mayo manifestamos nuestra preocupación ante la ofensiva contra el trabajo de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), organismo histórico del Estado Nacional especializado y dedicado a garantizar el derecho a la identidad en la Argentina.

Esta semana, el Ministerio de Seguridad de la Nación publicó un comunicado en el que niega a la CoNaDI el derecho a requerirle legajos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para la investigación del destino de los niños y las niñas robados durante el terrorismo de Estado, además de tergiversar sus tareas y desinformar a la población sobre ellas. Esta decisión se suma a la del Ministerio de Defensa que, con el desmantelamiento del equipo de relevamiento de archivos de la Fuerza y la negativa a entregar información, indudablemente buscan entorpecer la resolución del delito de apropiación de menores en el marco del plan sistemático de apropiación durante la última dictadura.

Las Abuelas impulsamos la creación de la CoNaDI en 1992, para lograr el pleno cumplimiento de los artículos 7, 8 y 11 de la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes; y para esclarecer el paradero de hijos e hijas de desaparecidos y de personas nacidas durante el cautiverio de sus madres en Centros Clandestinos de Detención, durante la última dictadura. Cabe destacar que, por ser un organismo especializado en la promoción del derecho a la identidad, desde 2021 la CONADI incorporó el Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica, creado mediante la Resolución RESOL-2019-1392-APN-MJ. Un logro que celebramos desde Abuelas, por tratarse de un reclamo histórico de las personas que buscan su origen biológico y cuya desvinculación de su familia no se encuentra ligada a crímenes de lesa humanidad.

El requerimiento al que hizo mención el comunicado del Ministerio de Seguridad fue un trámite de documentación normal y habitual de la CONADI en cumplimiento de sus obligaciones y en función de sus facultades.

Dentro de sus competencias, la CONADI puede acceder los archivos de los organismos del Poder Ejecutivo Nacional y requerir informaciones, testimonios y documentos de relevancia para las investigaciones que lleva adelante con el fin de identificar y/o descartar posibles casos de apropiación y sustitución de identidad. Cuando no es posible corroborar el origen biológico de una persona por vía documental, la CONADI tiene la posibilidad de ofrecer otras vías de resolución y esclarecimiento en un ámbito diferenciado del Poder Judicial, con resguardo de la privacidad y confidencialidad, evitando saturar a la justicia con presentaciones que pueden ser resueltas en sede administrativa.

En este sentido, las facultades y obligaciones de la CoNaDI se establecen en su ley de creación, N° 25.457, así como en el Decreto N° 715/04, que instituyó en su seno la Unidad Especial de Investigación (hoy Dirección Nacional de Investigación), cuyo fin es evitar la judicialización de los casos de posibles apropiaciones en las causas que tramitan ante la justicia. También busca garantizar el máximo apoyo operativo a jueces y fiscales en las causas orientadas al esclarecimiento de la identidad de las personas. Frente a estos últimos casos, la CoNaDI actúa como auxiliar de la justicia a través del acompañamiento de las y los jóvenes que se analizan y otros actores involucrados por el Equipo interdisciplinario integrado por profesionales de la salud mental y abogados/as.

La CONADI es, además, el órgano del Estado que determina el ingreso del 90 por ciento de los casos que toma el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); sólo el 10 restante es provisto por la Justicia. Esto evidencia la interdependencia de estos organismos históricos del Estado que trabajan mancomunadamente en pos de garantizar el derecho a la identidad. El ataque a la CONADI perjudica el acceso a este derecho humano de miles de personas. 

El Ministerio de Seguridad cuestiona el desarrollo de una política pública ejemplar de nuestra democracia en la resolución de graves delitos de lesa humanidad, que constituye un compromiso legal del Estado. Su incumplimiento acarrearía responsabilidad internacional, dadas las obligaciones de la República Argentina derivadas de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, entre otras.

Además, aunque el Ministerio de Seguridad también manifestó preocupación sobre la Protección de Datos Personales, las leyes aplicables autorizan el acceso a la información cuando median razones de interés público, tal como sucede en los casos de la CoNaDI, en los que se busca reestablecer la identidad de personas apropiadas durante la dictadura o que fueron víctimas de redes de tráfico.

La CoNaDI tiene más de 30 años de experiencia en el desarrollo y ejecución de políticas públicas relativas al derecho a la identidad y es una herramienta central para la protección de los derechos humanos y la búsqueda de soluciones que resguarden la identidad de las personas afectadas. Su labor, responsable, profesional y objetiva, permite arrojar luz sobre graves violaciones a los derechos humanos y, específicamente, al derecho a la identidad.

A nuestra preocupación por este ataque, se agrega la que expresamos recientemente en el Senado de la Nación, con motivo de la discusión del proyecto de la denominada “Ley Bases”, en particular sobre sus artículos 3 y 6, que pondrían implicar la disolución, intervención, desfinanciamiento o cambio de objeto para el que fueron creados organismos como la CoNaDI y el Banco Nacional de Datos Genéticos. La CoNaDI y el BNDG son herramientas irremplazables para lograr el cese de la comisión de delitos que aún hoy se siguen perpetuando: las desapariciones forzadas de personas. Es inadmisible que luego de 40 años, un gobierno de la democracia entorpezca la búsqueda de nuestros nietos apropiados, arrancados de los brazos de sus madres, secuestradas y desaparecidas por el terrorismo de Estado. Estas decisiones resultan funcionales para el sostenimiento de la impunidad de estos crímenes.

El proceso de Memoria, Verdad y Justicia debe sostenerse y defenderse desde todos los poderes del Estado. Por eso, frente a las embestidas del Ejecutivo, son el Poder Legislativo y el Judicial los que deben contrarrestarlo. Desde Abuelas reiteramos nuestra preocupación por estas políticas regresivas en materia de derechos humanos, que atacan conquistas de la ciudadanía convertidas en políticas públicas que hoy son ejemplo para el mundo entero.