Estimados Senadores y senadoras, buenas tardes a todos y todas.

Una vez más, nos vemos convocadas a visitar el Congreso de la Nación, la casa de los y las representantes del pueblo argentino, para solicitar ayuda, compromiso y comprensión, con el deseo de evitar el retroceso en materia de derechos adquiridos fundamentales que garantizan el bienestar de toda la sociedad.

Venimos a pedirles a ustedes, las y los representantes del pueblo, que honren los cargos para los que fueron electos, como lo hicieron tantos a lo largo de nuestra historia. En este recinto se conquistaron derechos consagrados en la Constitución Nacional y, en particular, se consolidó el proceso de Memoria Verdad y Justicia, que tan alto nos ha colocado en el mundo,  convirtiéndonos en los mayores referentes internacionales en materia de Derechos Humanos.

Recordamos, con orgullo, aquel 21 de agosto de 2003 cuando -con el impulso del entonces presidente Néstor Kirchner- el Senado de la Nación anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Junto al fallo de la Corte Suprema de Justicia que también las declaró inconstitucionales, permitió la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad. Este mismo Congreso fue el que puso un freno al intento de favorecer a los genocidas con el beneficio del 2x1.  En tiempo récord, y con apoyo de todos los bloques políticos, promulgó una ley para evitar reducciones de penas que resultarían una ofensa para la democracia.

La república requiere del pleno funcionamiento de los tres poderes, como lo hemos visto a lo largo de este camino de construcción colectiva de Memoria, Verdad y Justicia: con políticas públicas llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo, que acompañan las leyes que sanciona el Congreso de la Nación; y con justicia para reparar las graves violaciones de derechos humanos.

Las Abuelas de Plaza de Mayo llevamos 47 años de lucha. Ante la desaparición forzada de nuestras hijas y nueras embarazadas comenzamos su búsqueda, así como también la de nuestros hijos, yernos y otros familiares que corrieron el mismo destino. En plena dictadura la búsqueda era compleja, y representaba mayor dificultad frente a los bebés que nacían en cautiverio, a quienes no podíamos reconocer. Entonces, nos preguntamos si nuestra sangre podía ser útil para identificarlos. Recorrimos el mundo, hasta dar con el genetista Víctor Penchaszadeh (aquí presente), quien nos contactó con la científica Mary-Claire King, y junto con un grupo de profesionales desarrollaron el “índice de Abuelidad”.

Ni bien recuperada la democracia, las Abuelas confiamos en el Estado para encontrar a nuestros nietitos desaparecidos. Entonces fuimos a contarle al presidente Raúl Alfonsín sobre el hallazgo científico que posibilitaba la identificación de esos niños y niñas, faltando la generación de sus padres, y la necesidad de almacenar nuestros perfiles genéticos para garantizar su identificación, incluso cuando nosotras ya no estuviéramos vivas. Algo que lamentablemente está sucediendo: año a año nos toca despedir a una Abuela que no ha podido encontrar a su nieto o nieta. Por entonces, Alfonsín ya había creado la CONADEP, había impulsado el juicio que llevó a la condena de las Juntas Militares por los crímenes de lesa humanidad, pero no se había ocupado aún de los desaparecidos vivos: nuestros nietos y nietas. Entonces se comprometió a crear un Banco Nacional de Datos Genéticos, que se encargaría de la identificación de esos niños que seguían creciendo en la mentira. De inmediato, el servicio de inmunología del Hospital Durand empezó a recibir muestras, y el ministerio de Acción Social de la Nación se encargó de proveer los insumos. Toda una operatoria difícil para el funcionamiento y sostenimiento diario. Por eso, el poder legislativo también se comprometió con la búsqueda de niños desaparecidos por el terrorismo de Estado y, en 1987, el Congreso Nacional sancionó la ley de creación del Banco Nacional de Datos Genéticos.

Luego vinieron años de retroceso en materia de Memoria, Verdad y Justicia, pero no bajamos los brazos: seguimos buscando a nuestros nietos y nietas y reclamando al Estado y sus representantes para resolver los problemas de nuestra sociedad. Desde 1990, con la sanción de la ley que incorporó al derecho interno argentino la Convención Internacional sobre los derechos del Niño, empezamos a solicitar la conformación de una comisión técnica especializada. El objetivo era velar por el cumplimiento de los artículos de la Convención  vinculados al derecho a la identidad (7, 8, 11), y simultáneamente impulsar la búsqueda y localización de las niñas y niños desaparecidos durante la última dictadura cívico militar.

Con ese pedido fuimos al entonces presidente Carlos Saúl Menem, quien nos escuchó y ordenó la creación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI). Este organismo se encarga de pedir documentación a los lugares que intervinieron en la inscripción de niños nacidos entre 1975 y 1983 -hoy adultos que dudan de su origen- y de ordenar análisis al Banco Nacional de Datos Genéticos, de ser necesario.  Con el tiempo, y ante denuncias de tráfico de menores y de despojo de bebés a madres en situaciones de vulnerabilidad, por ser el único ámbito del Estado destinado a garantizar el derecho a la identidad, se fue ampliando su objeto. A lo largo de estos años, la CoNaDI ha brindado respuesta en más de dos mil casos en los que pudo establecer el origen biológico de personas, reunir hermanos y muchas madres que buscaban a sus hijos.

En 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se creó la Unidad Fiscal Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el terrorismo de Estado (UFICANTE) que investiga y asiste en la búsqueda de hijos e hijas de personas desaparecidas durante el terrorismo de Estado, una tarea silenciosa y constante que busca desentramar el plan sistemático de robo de bebés.

Como verán, desde Abuelas hemos trabajado con todos los Poderes del Estado y con todos y cada uno de los gobiernos constitucionales. Podríamos seguir detallando instrumentos construidos durante estos 40 años de democracia, pero sería muy largo. En cada etapa, con mayor o menor recepción, nos han escuchado y hemos podido resolver problemáticas y generar instrumentos que hoy sirven para garantizar derechos más allá de la búsqueda de nuestros nietos y nietas. Por eso, estamos aquí.

En particular, nuestra preocupación es en torno a los artículos 3 y 6 de la denominada Ley Bases, que otorgan facultades delegadas al Poder Ejecutivo Nacional para la disolución, modificación e intervención de organismos centralizados y descentralizados del Estado, creados o no por Ley. Nos preocupa el alcance que tiene, entre otros, sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos y la CoNaDI, herramientas construidas por el Estado democrático para resolver los crímenes del terrorismo de Estado, entre los que se encuentran delitos de los que son víctimas casi trescientas personas que aún viven bajo una identidad falsificada.

Piensen en las innumerables dependencias y organismos que se han construido para resolver problemas o promover derechos que quedarán a merced de la decisión inconsulta del Poder Ejecutivo. Estos artículos eliminarían la división de poderes y la función de este recinto, fundamentos de nuestra Constitución, que establece el carácter federal y republicano de nuestro país.

El Banco es un organismo reconocido a nivel mundial, cuya Ley ha sido modelo para la creación de otros Bancos similares en el mundo. La CoNaDI, fue creada en 1992 y sus facultades fueron ratificadas en 2001 por la Ley, durante el gobierno de Fernando De la Rúa.

Instrumentos como el Banco y la CoNaDI forman parte de las medidas adoptadas por el Estado argentino para el cumplimento de los compromisos internacionales asumidos en materia de Derechos Humanos, parte integral de nuestra Constitución Nacional. Así lo establecen el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su incumplimiento puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino.

Se trata de herramientas probadamente eficaces e irremplazables para lograr el cese de la comisión de delitos que aún hoy se siguen cometiendo: las desapariciones forzadas de personas, que continúan ejecutándose mientras no se conozca el paradero de la víctima o se hallen sus restos.

El Banco y la CoNaDI son auténticos logros de nuestra democracia y debemos defenderlos. Son organismos que nacieron de una demanda social, y hoy son garantía del derecho a la identidad para muchas otras personas. La República Argentina ha restituido la identidad de 137 nietas y nietos, aquellos bebés robados por la dictadura. Los logros y el camino recorrido son enormes, pero aún falta. Seguimos buscando a otros 300.

Por todo lo expuesto, nos resulta imprescindible enfatizar que los artículos 3 y 6 de la Ley de Bases ponen en riesgo infinidad de entes y organismos centralizados y descentralizados que también resultan fundamentales para el funcionamiento y cumplimiento de los compromisos estatales, y que hacen al desarrollo cultural y científico de nuestra sociedad.

Es por eso, Senadores y Senadoras, que les pedimos memoria para honrar los compromisos que asumieron como funcionarios y funcionarias electas por el pueblo, para defender nuestros derechos y levantar la voz de quienes son sistemáticamente silenciados.

A 40 años de democracia, les pedimos que defiendan los instrumentos que nos hemos dado en estas cuatro décadas de diálogo, trabajo y construcción de consensos. Les pedimos que estén a la altura de sus roles, e intervengan en defensa de lo que aún estamos a tiempo de salvar. Nosotras llevamos 47 años luchando, lo seguiremos haciendo, por nuestros hijos e hijas, los 30.000 y, sobre todo, por el futuro de nuestra patria.