27 de marzo de 2024
El TOF 1 de La Plata condenó a prisión perpetua a diez represores por crímenes cometidos en los campos de concentración Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, El Infierno de Avellaneda y la Brigada de San Justo.
“Ellos no se imaginaban que no sólo íbamos a contar todo, sino además a exigir justicia”, dijo Adriana Calvo, sobreviviente del Pozo de Banfield, cuando declaró en el juicio por los crímenes en el Circuito Camps. Su testimonio fue incorporado y exhibido en el debate oral de la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, y en las brigadas de Lanús y San Justo.
Era octubre de 2020, en plena pandemia, durante la tercera audiencia del juicio. Tres años y medio más tarde, sus palabras volvieron a resignificarse tras el veredicto del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, que condenó a 11 genocidas por homicidios, desapariciones, secuestros, torturas, violencia sexual, sustracción, retención y ocultamiento de identidad de niños nacidos durante el cautiverio de sus madres, entre otros hechos.
Diez de ellos recibieron cadena perpetua: Federico Antonio Minicucci (jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada); Guillermo Domínguez Matheu (jefe de Actividades Psicológicas del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata); Jorge Héctor Di Pasquale (jefe de la sección de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata); Carlos María Romero Pavón (jefe de Reunión Interior del Destacamento 101 de La Plata); Roberto Balmaceda (jefe de Contrainteligencia del Cuerpo de Actividades Especiales del Destacamento 101 de La Plata); el exministro de Gobierno bonaerense Jaime Lamont Smart; Juan Miguel Wolk (jefe de la División Delitos contra la Propiedad y de la División Delitos contra las Personas y de la dirección de investigaciones Zona Metropolitana); el médico policial Jorge Antonio Bergés; el comisario Horacio Luis Castillo, y Carlos Gustavo Fontana (enlace entre el Destacamento 101 y el Batallón de Inteligencia 601).
A Alberto Julio Candioti, exintegrante del Destacamento 101 y extraditado desde Uruguay, se le dictó una pena de 25 años de prisión, mientras que Enrique Augusto Barre – segundo jefe de la Dirección de delitos contra la propiedad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires– fue absuelto, en una decisión que será apelada.
En esta causa, que tuvo su primera elevación a juicio en abril de 2012, Abuelas fue querellante junto con los nietos restituidos Carlos D’Elía, Victoria Moyano Artigas, Pedro Nadal, María José Lavalle Lemos y su hermana María Lavalle, y Laura Garack –quien busca a su hermano o hermana–; y con Pablo Díaz y Graciela Borelli Cattaneo, hermana de un ciudadano uruguayo víctima del Plan Cóndor.
Casi todos ellos estuvieron presentes durante la lectura del veredicto. También lo estuvo Daniel Santucho Navajas, nacido durante el cautiverio de su madre, Cristina Navajas, en el Pozo de Banfield, y restituido por Abuelas mientras se desarrollaba el juicio. “Fue muy emocionante, muy shockeante, escuchar cada nombre, cada persona desaparecida, por lo que sufrió, y entre ellas estaba mi madre y también yo", afirmó al finalizar la audiencia, a la que asistió junto con su flamante hermano, Miguel “Tano” Santucho.
En tanto, la nieta Victoria Moyano Artigas, también nacida en Pozo de Banfield, hija de desaparecidos uruguayos, remarcó: "Estamos atravesando un momento difícil respecto a la verdad y la memoria y esto es un empujón grande para seguir demostrando que hubo un genocidio con 30.000 desaparecidos y que nos falta encontrar a 300 hermanos más".
“La respuesta al negacionismo son todos los juicios que se llevaron adelante desde el fin de la impunidad con condenas ejemplificadoras y entre los cuales el de hoy es muy emblemático”, expresó, por su parte, el nieto y exsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla.
“Lo distinto de este juicio es que por primera vez en Argentina y en el mundo se condena delitos de lesa humanidad cometidos contra mujeres trans en el contexto de terrorismo de Estado”, subrayó la fiscal Ana Oberlin, poniendo de relieve que se trató de la primera vez que personas trans declararon en un juicio de estas características y en el que se demostró “un plan sistemático” de persecución hacia el colectivo LGTB+.
Quedarán en nuestra memoria testimonios inolvidables, en particular los de nuestros nietos y nietas, los de familiares y amigos que siguen buscando a sus seres queridos, la revelación de un nacimiento del que aún no teníamos conocimiento, y por supuesto el de Pablo Díaz, secuestrado cuando era adolescente con sus compañeros en la Noche de los Lápices.
“Ellos me decían que no los olvide, y yo, que iban a aparecer. Ese fue nuestro último grito –recordó Díaz después de presenciar el veredicto–. Solamente me queda saber dónde están. Me gustaría ir a sentarme donde pueda estar Claudia (Falcone) y recitarle los poemas que le hice”.
Fuente: Abuelas
Autor/a: Abuelas
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