Repudiamos el megaproyecto de ley enviado por el Gobierno al Congreso de la Nación. Al protocolo de seguridad y al megadecreto inconstitucional, que oportunamente rechazamos, ahora se suma este proyecto que busca una transformación estructural del Estado concentrando todo el poder en el Ejecutivo.

El texto presentado dedica particular atención a criminalizar la protesta social y utiliza la definición de "legítima defensa" para flexibilizar el gatillo fácil y la mano dura de las fuerzas de seguridad. También agrava las penas para las personas que se expresen en la calle e, incluso, a quienes "dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación". El mayor problema es que pasa a entender por "manifestación" a cualquier "congregación intencional y temporal de tres o más personas".

Por otro lado, retoma la figura de la “obediencia debida” para librar de penas a quienes hubieran obrado "en cumplimiento de un deber", partiendo de la base de que "la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor" de la fuerza de seguridad.

El proyecto pretende una transformación de todas las atribuciones del Estado –penal, tributaria, económica, educativa, cultural, social, previsional, entre otras–, y avasalla los derechos de los y las argentinas.

A 40 años de haberla recuperado, la democracia está en riesgo. Ejercer la máxima autoridad del país exige responsabilidad y apego a la Constitución. Llamamos a la dirigencia de todo el arco político, a la justicia, a las organizaciones de la sociedad civil, a la ciudadanía en su conjunto, a defender esta democracia que tanto nos costó conseguir. Y pedimos especialmente a los representantes del pueblo que estén a la altura del peligro que estamos viviendo.