A 40 años de las elecciones que clausuraron el ciclo de la última dictadura y dieron inicio a la reconstrucción democrática, ponemos a disposición una nueva colección temática del Proyecto Desclasificados, un trabajo que llevamos adelante junto al centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y estudiantes de la carrera de Comunicación de la UBA y del Instituto Lenguas Vivas.

¿Por qué 1983 fue el año de quiebre definitivo de la legitimidad de la Junta Militar? ¿Qué posiciones y acciones marcaron a la dictadura en su salida del poder? ¿Cómo fue evaluado el proceso de transición argentino en la estrategia de la política exterior de los Estados Unidos? ¿Qué papel jugaron las demandas de las organizaciones de derechos humanos contra el terrorismo de Estado en la oposición cada vez más generalizada a la Junta Militar? ¿Cuáles fueron las distintas lecturas de las agencias estadounidenses sobre los primeros pasos del gobierno de Alfonsín y de su agenda de derechos humanos?

Los 129 documentos de esta colección contribuyen a dar algunas respuestas a estas preguntas y, fundamentalmente, a promover una mayor accesibilidad a las fuentes históricas que permiten valorar el periodo. Focalizadas en el proceso político de los años 1982 y 1983, las comunicaciones diplomáticas, políticas y de inteligencia desclasificadas del Departamento de Estado y de la CIA aportan claves del contexto de incertidumbre que transitó la Argentina hacia el proceso electoral que culminaría el 30 de octubre de 1983. El período post guerra de Malvinas encontró a la Junta Militar, ya condicionada por la crisis económica, con un escaso margen de maniobra para gestionar con protagonismo un modelo de salida política. Las críticas a la violencia estatal criminal encabezadas durante años por los organismos y el activismo de derechos humanos confluyó en la creación de un clima anti-dictadura cada vez más generalizado en la sociedad y en los actores políticos.

La primera ocasión en que esto se registró con claridad fue en abril de 1983 con la difusión del “Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo”. Una proclama política que consolidó una construcción de sentido que marcaría en los años por venir el discurso oficial militar y sus consensos civiles sobre el terrorismo de estado: el accionar represivo se debió a una “guerra” en la que se habían visto obligados a defender a la nación y lo habían hecho con convicción; en ella, se reconocían “errores” inevitables; las personas desaparecidas estaban muertas y no había información complementaria para brindar sobre su destino. El segundo hito fue la Ley 22924 de Autoamnistía (o de Pacificación Nacional) promulgada el 22 de septiembre, que agregó a la fórmula de autoprotección ya esbozada en el Documento Final el elemento de defensa jurídica hacia una salida del poder con impunidad. Los documentos desclasificados siguen el derrotero de ambas acciones, las discusiones internas entre las fuerzas y, muy especialmente, las reacciones adversas de los organismos, referentes políticos, religiosos y sociales.

Ya en febrero, dos meses antes del Documento Final y siete previos a la Autoamnistía, un cable del Departamento de Estado en poder de la CIA esbozaba que las iniciativas oficiales en discusión apuntarían a resolver “uno de los problemas más explosivos” de cara al retorno a la democracia, el destino de las personas desaparecidas, y relevaba que “los grupos de derechos humanos ya se han opuesto a opciones de indultos y amnistías, afirmando que las Fuerzas Armadas carecen de autoridad moral para absolverse por las responsabilidad de los actos que cometieron”. A medida que se avecinaba la fecha de las elecciones y luego de la sanción de la Autoamnistía, el espacio ampliado de la crítica sobre las violaciones de derechos humanos generó un daño muy profundo en un poder militar cada vez más abroquelado en su autodefensa. Por iniciativa del gobierno democrático liderado por Alfonsín, el Congreso derogaría la autoamnistía en sus primeras semanas de funcionamiento, constituyéndose en el antecedente directo del decreto presidencial de procesamiento que conduciría al Juicio a las Juntas de 1985.

En términos de la mirada de política exterior de Estados Unidos sobre el proceso histórico argentino, sobresale la densidad de comunicaciones en torno a la "Certificación Presidencial". Numerosos documentos de 1982 y 1983 ponen el foco en este dispositivo particular que instrumentaliza la política exterior de Estados Unidos en asuntos de su interés nacional. La Certificación es un proceso interno por el cual el presidente estadounidense ratifica al Congreso de su país que otra nación ha cumplido estándares aceptables en varias materias (entre ellas, de derechos humanos) para permitir o facilitar cierto tipo de intercambio comercial. Ya desde la última etapa de la presidencia de Carter y fundamentalmente desde la asunción de Reagan en 1981, la dimensión de los derechos humanos había pasado a una posición cada vez más marginal, táctica, y de menor nivel de confrontación pública en la relación con la Argentina. De acuerdo al monitoreo que realizan las agencias sobre las relaciones bilaterales, la confirmación del cronograma electoral de 1983 constituyó un paso relevante para agilizar el trámite de esta certificación, especialmente en función de restablecer procesos de venta de armas y asistencia militar y de seguridad. Si bien la valoración diplomática positiva sobre la última Junta encabezada por Bignone había acercado la posibilidad de completar la Certificación, las discusiones internas dilataron los tiempos. Un documento secreto del Departamento de Estado dirigido al secretario de Estado sintetiza que “los esfuerzos del gobierno argentino [la Junta Militar] en dar cuenta de los desaparecidos han sido decepcionantes, pero Alfonsín va con una fuerte plataforma de derechos humanos y está comprometido en atender este problema”.

La colección Democracia 1983 impulsa el acceso a esta documentación alojada en desclasificados.org.ar y promueve miradas, cruces e investigaciones que aporten nuevas claves de lectura sobre el final de la dictadura militar y la construcción colectiva de nuestra democracia.