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Noticias · 27 de septiembre de 2018

“Un delito por el que nadie está acusado”

  • Fuente: Página/12
  • Autor: Ailín Bullentini

En el juicio en el TOF 1 de La Plata, en donde se ventilan los sucesos ocurridos en la Brigada de San Justo durante la dictadura, la nieta Victoria Moyano Artigas relató el periplo de sus padres secuestrados y su nacimiento en cautiverio.

La nieta restituida María Victoria Moyano Artigas contó ayer su historia y la de sus padres ante el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, que tiene en sus años más oscuros a la Brigada de San Justo como uno de los tantos escenarios donde transcurrió la fatalidad para los tres: sus padres fueron secuestrados y torturados allí en dos oportunidades y ella, que nació en cautiverio, fue apropiada por quien en plena dictadura cívico militar fue comisario de esa dependencia policial. Querellante en la causa que tiene como eje los delitos de lesa humanidad cometidos allí, Moyano Artigas expuso ante los jueces los elementos que prueban que ese espacio no funcionó solo como “punto de registro” de víctimas del genocidio que la dictadura llevó a cabo en el país entre 1976 y 1983, tal como “mal” concluyó la instrucción del expediente, sino que fue “un eslabón clave en la estructura del Plan Cóndor”, puntualizó. Además, exigió al tribunal que se incorpore en el debate el secuestro de su padre y su apropiación, “un delito por el que nadie está sentado en el banquillo de los acusados”, advirtió.

Moyano Artigas es abogada e integra el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Dedicó casi toda su vida profesional a investigar los secuestros y la desaparición de sus padres, Asunción Artigas y Alfredo Moyano, el primero en 1975, en la Brigada de San Justo; el segundo, en varios centros clandestinos del Circuito Camps, incluido el que es eje de este juicio. Y también trabajó en su nacimiento en cautiverio –en el Pozo de Banfield– y su posterior apropiación.

“Todos los hechos que atravesaron mi historia tienen que ver con la Brigada de San Justo”, contó la nieta que recuperó su identidad en 1987, cuando tenía apenas 9 años, horas después de su declaración ante el TOF 1 de La Plata. Describió su testimonio como “importante” para ella, pero “también para la historia de la Brigada de San Justo y para el juicio”. Es que gran parte de su exposición aportó datos que obligan a la Justicia a mirar aquello que dejó fuera del juicio: datos, hechos, víctimas y responsables.

“Lo primero que yo quise demostrar con mi testimonio es que la Brigada no fue un mero espacio de registro de víctimas, como dijeron en la elevación a juicio tras la instrucción de la causa, que tiene varios errores”, explicó la abogada. “Mis padres fueron llevados allí en 1975, cuando fueron secuestrados junto a otras personas en el marco del Plan Cóndor, y allí los torturaron durante cuatro días antes de liberarlos”, continuó. Asunción, Alfredo y la mamá de él habían llegado a Argentina hacía unos meses huyendo de la dictadura en Uruguay. Cayeron junto a otros coterráneos. Fueron los únicos sobrevivientes del grupo. “Ya desde la democracia previa al golpe del 76 la Brigada de San Justo integraba la estructura criminal del Plan Cóndor, no fue un lugar de paso sino que tuvo un rol importante. El caso de mis padres lo prueba, pero no está planteado en el juicio”, remarcó en diálogo con este diario.

El otro objetivo de su testimonio también tuvo que ver con intentar ampliar las fronteras de los hechos que llegaron a juicio planteadas por la instrucción de la causa. “No se entiende por qué el caso de mi papá no fue tenido en cuenta”, dijo. Alfredo y Asunción fueron secuestrados por segunda vez el 30 de diciembre de 1977. El primer lugar en el que estuvieron encerrados fue el Centro de Operaciones Tácticas I de Martínez; el último lugar en el que se los vio fue en el Pozo de Banfield. “En algún momento pasaron de nuevo por la Brigada de San Justo. Los dos. El caso de mi mamá integra el juicio, pero no el de mi papá. Exigí que se lo incorpore”, sostuvo.

Asunción estaba embarazada cuando estuvo encerrada en el Pozo de Banfield. En ese pozo, el 25 de agosto de 1978, nació Victoria Moyano Artigas y de allí se la llevaron, apropiada. En base a declaraciones de sobrevivientes de ese centro clandestino, Moyano Artigas pudo saber que a su mamá, así como a otras mujeres secuestradas en estado de gestación, “las visitaban médicos de la Brigada, personas que ya la conocían y que simulaban controlar su estado de salud durante su embarazo”, explicó. Permaneció algunas horas junto a su mamá, antes de serle arrebatada. Su partida de nacimiento falsa, al igual que la de Paula Logares, fue firmada por el médico de la Brigada de San Justo Jorge Vidal. “Las dos tenemos el mismo domicilio falso de nacimiento, un domicilio de un agente de San Justo. A mí me apropió el comisario de San Justo y a ella el sub comisario, sin embargo, no hay nadie imputado por nuestros casos en este juicio. Los nuestros, al igual que el de María José, deben ser tenidos en cuenta”, explicó Moyano Artigas, quien exigió eso mismo al tribunal durante su testimonio.

María José Lavalle Lemos, otra nieta restituida, también nació en el Pozo de Banfield. Su madre y su padre habían sido trasladados a ese lugar desde la Brigada de San Justo, donde los habían mantenido encerrados junto a su hija mayor, María. En los mismos centros clandestinos estuvieron secuestrados antes de desaparecer los padres de Paula Logares, quien también fue apropiada por el subcomisario de la brigada Rubén Lavallen y su esposa, Raquel Leiro. A los años, fue restituida a su familia tras la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo. Moyano Artigas fue robada por el comisario Oscar Penna, quien la entregó a su hermano Víctor. Fue inscripta como hija propia por él y su esposa, Elena Mauriño. A los 9 años, Victoria fue recuperada por sus abuelas.

Tras dos horas y media de declaración, Moyano Artigas le habló al TOF 1 de La Plata de impunidad. “La impunidad por los crímenes de ayer trae impunidad en los crímenes de hoy”, reconstruyó en el diálogo con PáginaI12.

“La violencia política ha aumentado, podemos verlo en las torturas a la maestra de Moreno, las amenazas a los dirigentes del Frente de Izquierda, en la represión. Esa violencia está apoyada por un sector que es el que no quiere que los juicios sigan, el que busca impunidad para los genocidas. La Justicia no puede permitirlo”, concluyó. 

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