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El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó por mayoría a Marino Oscar González, ex integrante del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, a 13 años de prisión en la causa por la apropiación de la hija y el hijo de Raquel Negro y Tulio Valenzuela. La hija de la pareja, Sabrina, recuperó su identidad en 2008. A su hermano todavía lo seguimos buscando. Se trató de una revisión de condena resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Marino González fue considerado coautor penalmente responsable de los delitos de sustracción de menores de 10 años y de la supresión de su estado civil. Las querellas y la fiscalía habían solicitado la prisión perpetua para “Pepe”, el sobrenombre del represor, en el marco del segundo juicio que se llevó a cabo en su contra por el caso de los mellizos, luego de que la Corte Suprema, en 2018, le encomendara emitir una nueva sentencia que reemplazara la absolución de 2011. Por entonces, sus compañeros de banquillo de acusados, Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Dionisio Pagano y Juan Antonio Zaccaría recibieron penas de entre cinco y 14 años de cárcel.

El nuevo juicio tuvo apenas un par de audiencias. Además de emitir sentencia, el TOF de Paraná ordenó que se le realice una revisión médica al genocida para conocer su estado de salud y así definir el lugar donde debe cumplir esta y el resto de las penas –por otros crímenes de lesa humanidad– que le corresponden.

Negro y Valenzuela, una pareja de militantes de Montoneros, fueron secuestrados junto al bebé de ella, Sebastián, de un año y medio, en enero de 1978 en Mar del Plata, por una patota del 121 de Rosario y llevados a la Quinta de Funes. Raquel, embarazada de siete meses, fue trasladada en dos oportunidades hasta el Hospital Militar de Paraná, donde finalmente la dejaron “internada” en la sala de Guardia bajo custodia del Destacamento 121 y con una identidad falsa. Dio a luz allí a mellizos que fueron alojados como NN en la sala de terapia intensiva y derivados luego al Instituto Privado de Pediatría (IPP) de la capital entrerriana, paso previo a su apropiación.

La abogada Sofía Barros, de la filial de Abuelas de Rosario, celebró la condena pero aclaró: “Nos queda una sensación de impotencia una vez más porque Marino González tuvo la oportunidad de hablar y prefirió el silencio impune y cruel porque sabemos que tiene información que no brinda y sabe perfectamente donde está el mellizo. Sigue eligiendo callar y solo declarar. Él elige no decir nada, elige ese silencio y que detrás de esa expresión de ‘no voy a decir nada más’ hay una persona de más de 40 años qué está desparecida y hay una hermana que estuvo desaparecida y que lo busca incansablemente. Hay una familia que necesita saber dónde está el melli y una sociedad entera que necesita saber, una sociedad entera a la que le faltan los nietos y las nietas”.