Prensa

El juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús tuvo hoy cuatro testimonios vinculados a embarazadas por cuyos casos Abuelas es querellante.

Primero fue el turno de Ana María Caracoche, secuestrada el 19 de abril de 1977 junto con su hijo Felipe Gatica Caracoche, de casi cuatro meses. Antes, en marzo, su hija mayor, María Eugenia Gatica Caracoche, de un año, ya había sido secuestrada junto a Susana Falabella y José Abdala, pareja que se encontraba junto con su hijo Sabino y a cargo de la niña.

Ana María permaneció detenida en La Cacha y en el Pozo de Banfield. Tiempo después fue liberada pero Felipe y María Eugenia habían sido apropiados. Los niños fueron restituidos en septiembre de 1984 y 1985, respectivamente.

A Banfield fue trasladada junto a Cristina Marroco, quien perdió su embarazo a causa de las torturas. En ese centro clandestino también vio a otras embarazadas. Desde Brasil, donde reside, Ana María, guiada por las preguntas de las abogadas de las querellas, rescató de su memoria todo lo que pudo de sus padecimientos y los de su familia.

A continuación, tres hermanos, Eduardo, Ricardo y Gerardo D’Ambra, declararon por el caso de su hermana Alicia, militant6e del PRT-ERP desaparecida secuestrada el 13 de julio de 1976 en la Ciudad de Buenos Aires junto con Cristina Navajas, embarazada de dos meses –y cuyo hijo Miguel declaró en este juicio–, y Manuela Santucho, cuñada de Cristina.

Por testimonios se supo que Alicia estuvo detenida en Coordinación Federal, en el centro clandestino Automotores Orletti, en Proto Banco y en el Pozo de Banfield y hay indicios de que la joven estaba embarazada al momento de su secuestro.

Eduardo D’Ambra fue el primero de los hermanos que relató la historia de Alicia, que también es la de Carlos, su hermano mayor, también desaparecido. “Somos de Alta Gracia, nacimos aquí, éramos cuatro hermanos, y ya de adolescentes llegó el quinto, Gerardo –contó–. Alicia cursó el primario y secundario en una escuela religiosa. Cuando terminó fue a estudiar a Córdoba, a la Escuela de Lenguas. Allí convivía con su pareja y con mi hermano Carlos”.

“Comenzaron a militar y en un momento ella se detenida por repartir volantes. Del D2 fue trasladada a la Cárcel del Buen Pastor, estuvo más o menos un año, hasta que se produce una fuga de la cárcel y ella es una de las que se escapa. De ahí perdimos el contacto, yo solo la vi una vez más. Alguien que nunca se identificó, de forma anónima, dio aviso a un hermano de mi papá que vivía en Merlo, provincia de Buenos Aires, de había secuestrada en julio del 76. Hubo una segunda llamada en la que dijeron que ella estaba bien, pero detenida. A partir de ahí pasó a ser una desaparecida y empieza la búsqueda de mi papá y mi mamá, hábeas corpus, y se integran al grupo de Familiares de Detenidos por razones políticas, del que participaron los dos hasta sus fallecimientos”.

“El mismo año, 1976, es secuestrado mi otro hermano, Carlos, en la terminal de ómnibus de Córdoba, y sobre él hay un poco más de información que de Alicia. Fue detenido junto con su novia por la policía militar, y fue llevado al Campo de la Ribera y luego a La Perla. Posiblemente fue asesinado a fines del 76”.

Tanto su madre, Emilia Ofelia Villares, más conocida en Córdoba como Emi D’Ambra, referente de los derechos humanos en la provincia hasta su partida, como su padre, Santiago Eduardo D'Ambra, realizaron averiguaciones en todos los estamentos posibles, instituciones oficiales, Ministerio del Interior, juzgados, arzobispados, y lo hicieron durante 30 años.

“Mi papá fue testigo en el Juicio a las Juntas –recordó Eduardo–. La fiscalía pidió su declaración porque Alicia, cuando fue detenida por primera vez, había sido puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), y luego desaparecida, y esto les había llamado la atención”. La pareja de Alicia al momento de su detención en Córdoba, Sebastián Ferrer Moyano, pasó por distintas cárceles, a disposición del PEN, Trelew, Devoto, Sierra Chica, después se exilió y hoy sigue viviendo en el exterior.

A Alicia, en la militancia, le decían Elena. “Siempre fue muy querida –destacó Eduardo–, tenía un carácter independiente. En la adolescencia integró un grupo acá en Alta Gracia que se llamaba Movimiento Católico de Juventudes, integrado por estudiantes, hacían muchas actividades, campamentos en las sierras, reuniones, también religiosas, y mi hermano Carlos también formó parte. En la Escuela de Lenguas ella participaba en el centro de estudiantes y en los últimos meses, antes de la detención, había empezado a trabajar en un hotel importante de Córdoba, donde buscaban gente con manejo de idiomas”.

Si bien no tuvieron conocimiento de que Alicia hubiera tenido otra pareja luego de su fuga del Buen Pastor, pudo haber estado embarazada al momento de su segunda detención. Por eso, la sangre de toda la familia está en el Banco Nacional de Datos Genéticos para que se puedan comparar con todos los perfiles que van ingresando de personas con dudas de su identidad.

“Hay una canción que a ella le gustaba mucho –dijo Eduardo, quien tenía 23 años cuando desapareció su hermana, que tenía 20–, ‘Honrar la vida’, y creo que mis hermanos, en los pocos años que vivieron, lo hicieron, honraron la vida, y tuvieron que soportar el atropello del Estado que los desapareció por su ideología”.

Tras el relato de Eduardo, le tocó a Ricardo D'Ambra, cuya intervención fue breve y concisa. “Yo tenía 20 años en 1976. Mis padres nos trataban de tener al margen (del tema de la búsqueda) para cuidarnos. Ellos se conectaban con todos los que podían, iban a todos los lugares donde se pudiera averiguar algo. Yo cursaba el Industrial mañana y tarde y ya no tenía mucho contacto con Alicia, ya no vivía en casa”.

Pero cuando ocurrió la fuga de la cárcel del Buen Pastor, la cara de su hermana Alicia apareció en primer plano en la televisión. “No hubo quien no supiera, mucha gente nos dejó de saludar y de hablar”, rememoró Ricardo, quien todavía tiene muy presente lo estigmatizante que fue tener dos hermanos desaparecidos.

Gerardo, el hermano menor, que tenía 8 años en aquel período, manifestó que no se daba mucha cuenta pero lo entendió de grande. “Había compañeros de la escuela que me decían que no los dejaban venir a jugar a mi casa. Tenían conversaciones a mis espaldas y decían que éramos una familia de guerrilleros. Hasta de adulto, hay gente que en distintos trabajos me trató de zurdito como si eso tuviese alguna connotación negativa”.

El 25 de mayo de 1975, Gerardo también vio en la televisión el rostro de su hermana luego de la fuga del Buen Pastor. Tras este episodio, la vio un par de veces más solamente. “Una vez fue a visitarnos a la zona de La Quintana, donde estábamos de vacaciones en carpa. Y la última vez que la vi fue en mi cumpleaños de 8 años, q era domingo y también era Día del Padre. Fuimos a Carlos Paz, de ahí nos llevaron en un auto, dándonos un paseo para que no supiéramos dónde estábamos, y nos trasladaron a una vivienda donde ella estaba en la clandestinidad. Yo tenía que dirigirme a ella como Elena, pasamos el día completo en esa casa. Me sorprendió que leyeran la correspondencia y después la tiraran al fuego. También me sorprendió, el día que nos visitaron en la carpa, que ella tenía el pelo rubio, yo no la conocía de rubio. Ese día nos sacaron una foto –que Gerardo mostró al tribunal–, que es la última que tengo con ella”.

Como sobre el destino de tantas y tantos desaparecidos, en el caso de Alicia ha sido el testimonio de Adriana Calvo de Laborde uno de los que más aportó. Para Gerardo, la suya era una familia antes de la desaparición de sus hermanos y luego fue otra diferente. “Recuerdo la tristeza –afirmó–. En mi caso es una página que no se termina nunca de pasar hasta saber el destino de ella. A mí me sirvió mucho exteriorizar este tema en todos los ámbitos, para que se sepa y para que no le pase nunca más a nadie”, concluyó.

Al cierre de los testimonios, desde las querellas se solicitó al TOF N° 1 de La Plata, que lleva la causa, que le dé mayor celeridad al juicio, puesto que con las 300 declaraciones que faltan, demoraría más de tres años llegar a un veredicto, con las consecuencias que eso acarrea, sobre todo el fallecimiento de víctimas, familiares e imputados. El reclamo es unánime en todos los procesos de lesa humanidad en curso y requiere el impulso del Poder Judicial, cuyos tiempos, tal parece casi siempre, no contemplan este aspecto central de la reparación. Esperamos que haya una agilización en los juicios.