Prensa

Noticias · 08 de septiembre de 2021

“El sitio de exterminio más descomunal de la historia argentina”

  • Fuente: Abuelas
  • Autor: Abuelas

Preciso y contundente, se inició el alegato de la fiscalía en el juicio por los crímenes en Campo de Mayo, con la ausencia de los imputados, a quienes el tribunal les dio permiso para no ver ni escuchar la acusación.

“Los genocidas organizaron una comunidad para la muerte y estos imputados la integraron”, afirmó la fiscal Gabriel Sosti en su alegato juicio por los delitos de #LesaHumanidad cometidos en #CampoDeMayo, y subrayó: “El nombre correcto para estos crímenes es genocidio”.

“El aniquilamiento y la modalidad concentracionaria fueron la modalidad elegida, con un variado repertorio de tormentos”. El principal: “La desaparición de miles de personas, recortadas como el enemigo, que habrían de tirar al mar o fusilar en enfrentamientos simulados”.

La fiscal apuntó a los sectores que impulsaron el golpe para imponer una economía agroexportadora, sostenida por el capital financiero. “Querían arrancar de cuajo esa matriz popular de la Argentina”, señaló Sosti, “por eso tenían objetivos y no plazos, como decían en sus arengas”.

“La planificación fue exhaustiva, no hubo azar. Los reglamentos que textualizaron su accionar están en la causa”, remarcó, “los archivos de la DIPBA muestran la persecución al movimiento obrero, a todos quienes se oponían al hambre y al despojo”.

“Detrás de las picanas estaba, como siempre, agazapada y codiciosa, la oligarquía”, destacó Sosti, quien añadió que “fueron instalando quirúrgicamente el terror” y que, en este marco, “el pueblo tenía el derecho a resistir”.

“En 1976 asaltaron el poder para apoderarse de la economía. Convirtieron al país en una fábrica de muertos, desocupados, exiliados. Fue una sangría. Aún cargamos la deuda que dejaron, la pobreza, la falta de trabajo. Más de 20 mil fábricas cerraron en dictadura”.

“Había que eliminar a la clase trabajadora. Más de la mitad de las víctimas de la dictadura fueron trabajadores. Se impone recordarlo. De eso se trata el mandato ético de nuestra democracia, el Nunca Más”.

“La masacre que estamos juzgando es tributaria de las anteriores”, expresó la fiscal y trazó un recorrido desde la Semana trágica, la Patagonia trágica, la brutal masacre de 600 trabajadores de La Forestal de la FORA en el Chaco santafesino, “todo a pedir de boca de los capitales extractivistas”.

Sostí evocó también el golpe de Uriburu de 1930 y la década infame, las masacres étnicas en el noroeste, 1955 y el bombardeo de la Plaza de Mayo –“que nunca pasó por los estrados del poder judicial”–, los fusilamientos de José León Suárez de 1956, la desaparición del cadáver de Evita. Se trató, como dijo la fiscal, de “un apretado recorrido por la historia que fue padeciendo nuestro pueblo”.

“Nuestra responsabilidad de ejercitar el músculo de la memoria es inclaudicable –manifestó–. Lo que juzgamos es una arremetida feroz contra las clases populares, la que llevó al extremo a sus predecesoras. El contubernio con el empresariado fue desembozado. La justicia debe hacer las investigaciones pendientes”.

“En los cenáculos genocidas en Campo de Mayo estaban sentados los máximos responsables del exterminio, los que lo ejecutaban, y ahí también estaban los empresarios de los miles de fábricas de la zona. Eran habitués, mientras los trabajadores de esas empresas eran destrozados en la tortura a pocos metros”.

En medio de una “altísima conflictividad laboral” y “obreros que reclamaban mejores condiciones de trabajo”, antes de la dictadura –entre 1973 y 1974– “comienzan a sucederse atentados contra los activistas sindicales”, precisó Sosti, quien además se refirió a la mentada “doctrina de la subversión industrial” de los genocidas. En este contexto, “Campo de Mayo se encaminaba a convertirse en el sitio de exterminio más descomunal de la historia argentina”.

Sosti mencionó un puñado de los cientos de fábricas del cordón industrial de la provincia de Buenos Aires: Siderca, Ford, Mercedes Benz, Astilleros Astarsa, Matarazzo, Avon, “cuyas comisiones internas fueron masacradas y aniquiladas mientras sus patrones deambulaban por esas fraguas con los militares”.

“Todas las fuerzas se movieron bajo la batuta del Ejército”, aseguró. “La tarea de inteligencia fue imprescindible. El condenado Riveros dirá que ‘la guerra –aunque no hubo ninguna– la ganaron los de inteligencia’”. “Todo estuvo escrito. El imperio de lo siniestro fue resultado de una prolija burocracia. Y Campo de Mayo fue un infierno del que sobrevivió menos del 1%, peor que en Auschwitz”, agregó.

También apuntó a la complicidad de la iglesia católica: “El vicariato castrense dispuso a unos 400 capellanes, 36 de ellos disponibles en Campo de Mayo, funcionarios públicos pagados por el Ejército, esos hombres también se sentaban en ese festín sangriento. Su intervención tampoco ha sido juzgada”.

“Tenían personal a discreción. Las patotas secuestradoras trabajando a destajo, así como las de tortura, la inteligencia y el dispositivo para la ejecución final, con Riveros a cargo”, dijo Sosti y puntualizó la responsabilidad de todos y cada uno de los imputados según su función y jerarquía, incluidos los dos expolicías: “Dos botones de muestra de los jefes de las 32 comisarías de la zona”.

La fiscal destacó las figuras de Roberto Quieto y Mario Santucho, emblemas de Montoneros y del PRT-ERP, secuestrados tempranamente en Campo de Mayo. Relató las historias de víctimas, las dificultades de la clandestinidad, y cómo la inteligencia de la dictadura trataba de arrancarlas datos urgentes en la tortura, pero también otros para conocerlos y atacarlos mejor.

Recordó testimonios de hijos de desaparecidos en el debate oral, que de niño debieron presenciar el secuestro de sus padres. “Al sufrimiento de sus familias por la desaparición de sus seres queridos, se sumaba el desamparo. Esta es la extensión del daño de los delitos que cometieron estos imputados”. Todo un “entramado social destruido”.

A lo largo de su exposición, Sosti detalló el funcionamiento perfectamente articulado entre todas las partes involucradas en la represión, incluso a escala regional, como lo demostró con el relato de un secuestrado chileno (quien además compartió cautiverio con una embarazada de 7 meses).

Los testimonios de sobrevivientes ya fallecidos, o que no pudieron declarar en la causa, también formaron parte del alegato de Sosti, amén de la frondosa prueba documental incorporada. Secuestros, tormentos, violaciones, asesinatos, robos, los perros lanzados contra los detenidos para amedrentarlos y morderlos como una constante, los interrogatorios centrados en la actividad sindical y política de los torturados, nada quedó afuera de su intervención.

“Cada partícula de información nos permitió reconstruir trabajosamente la dimensión del horror”, aseguró en relación a la reconstrucción llevada adelante por sobrevivientes y familiares. El primer tramo de su alegato fue abrumador, como la represión. Continuará el próximo miércoles a las 10. Se puede seguir en vivo por el canal de YouTube de La Retaguardia.

Seguir Leyendo