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Noticias · 06 de julio de 2022

Campo de Mayo: Diez genocidas condenados a perpetua

  • Fuente: Abuelas
  • Autor: Abuelas

Además fueron condenados otros nueve represores que actuaron en el mayor centro clandestino de la dictadura, por donde pasaron 5 mil desaparecidos, incluidas unas 30 mujeres cuyos bebés fueron apropiados.

  • Fecha: 06.07.2022

Tras más de tres años de debate, llegó a su fin otra megacausa por los delitos de lesa humanidad en Campo de Mayo. El presidente del Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín, Daniel Gutiérrez, leyó el veredicto. “Los hechos objeto de este proceso son de lesa humanidad, es decir imprescriptibles”, afirmó y prosiguió con las penas para los genocidas por los cientos de secuestros, asesinatos, torturas, violaciones y robos cometidos:

- Santiago Omar Riveros, jefe de Campo de Mayo y de la Zona de Defensa IV, prisión perpetua.

- Luis Sadi Pepa, director de la Escuela de Comunicaciones, Área 420, perpetua.

- Carlos Javier Tamini, jefe de Contrainteligencia del Departamento II de Inteligencia de Campo de Mayo, perpetua.

- Carlos Eduardo José Somoza, personal civil de Inteligencia del Batallón de Inteligencia 601, integró el Grupo de Tareas II que actuó en el centro clandestino “El Campito”, perpetua.

- Mario Rubén Domínguez, quien custodiaba a las personas detenidas en “El Campito”, perpetua.

- Bernardo Caballero, también custodio en “El Campito” y parte de las “patotas” de Campo de Mayo, 20 años de prisión.

- Hugo Miguel Castagno Monge, jefe de los celadores de Gendarmería Nacional en Campo de Mayo, a cargo de la custodia en “El Campito”, 22 años de prisión.

Hasta allí, los condenados vinculados a casos llevados por la querella de Abuelas, que estuvo representada por los abogados Pablo Lachener y Carolina Vilela. No llegó al veredicto Carlos Francisco Villanova, miembro de Inteligencia de la Policía Federal y de un grupo de tareas abocado a reprimir a la organización Montoneros dentro de “El Campito”, al igual que otros genocidas que fallecieron en estos años.

Hubo cinco perpetuas más por otros casos: Eugenio Guañabens Perelló, Luis del Valle Arce, Miguel Conde, Francisco Rolando Agostino y Luis Pacífico Britos. Y condenados a penas menores: Carlos Alberto Rojas (13 años), Roberto Julio Fusco (11 años y seis meses), Arnaldo Román (9 años y 6 meses), Carlos Daniel Caimi (4 años), Ramón Vito Cabrera (10), Federico Ramírez Mitchell (11) y Alfredo Arena (12).

El devenir de esta megacausa refleja el de los juicios de lesa humanidad en general. Apenas anuladas las leyes de impunidad, en 2004, Abuelas se constituyó como querellante en muchos de los casos que fueron investigados, pero pasaron más de 15 años para que el debate oral aconteciera. En el medio, realizamos cientos de presentaciones ante el tribunal a cargo, Casación, Corte Suprema, y decenas de organismos de los tres poderes del Estado e incluso internacionales, no sólo en reclamo de mayor celeridad sino para que se resguarde el predio de Campo de Mayo.

En ese período, fueron muriendo sobrevivientes y familiares –además de testigos de los hechos–, a quienes, en concreto, se les negó la reparación de ver condenados a los asesinos y torturadores de sus compañeros y seres queridos.

Otro factor que demoró todo fue la complejidad de la investigación. Se fueron haciendo elevaciones parciales que quedaban en lista de espera, a la expectativa de acumular información hasta que fuera factible la celebración de un juicio único. Y la reconstrucción de la operatoria del terrorismo de Estado en Campo de Mayo ha sido posible gracias al testimonio de los sobrevivientes –el primero Cacho Scarpati en 1979– y al trabajo conjunto de los organismos de derechos humanos.

Cada dato que hemos ido recolectando a lo largo de estos 45 años nos ha servido para entender y dimensionar la magnitud de la maquinaria de muerte que funcionó en Campo de Mayo. Hemos cartografiado el lugar, impulsamos inspecciones, relevamientos aéreos, y logramos establecer la prolija burocracia detrás de las miles de desapariciones perpetradas allí.

Y como si todo esto fuera poco, debimos plantarnos contra los intentos de avasallar el predio, el último de Macri, que quiso hacer un negociado inmobiliario, pero pudimos frenarlo. El año pasado, gracias a nuestra lucha y a la decisión del presidente Alberto Fernández, logramos que se garantizara la creación del Espacio de la Memoria Campo de Mayo, de próxima apertura.

Desde el punto de vista de la verdad, el balance es satisfactorio. En el juicio se pudieron esclarecer diversos aspectos del horror. Las y los secuestrados llegaban encapuchados. Se les asignaba un número y se los sometía a tormentos: picana, submarino, ataques con perros, palizas, violaciones. Y finalmente era el momento del “traslado”. Anestesiados, eran embarcados en aviones con destino a altamar, o eran fusilados en falsos enfrentamientos, o enterrados allí mismo.

Es cierto que muchos asesinos de Campo de Mayo continúan impunes, igual que sus cómplices: empresarios, capellanes de la Iglesia, funcionarios judiciales. Seguiremos exigiendo que se los juzgue. Las condenas obtenidas en esta megacausa han sido ejemplares y esto es algo para celebrar. Desde Abuelas, por lo pronto, también seguiremos buscando a las nietas y nietos nacidos en ese epicentro del genocidio, “el sitio de exterminio más descomunal de la historia argentina”, como lo definió la fiscal Gabriel Sosti en su alegato.

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